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 Desde enero de este año, todas las comunidades de propietarios están obligadas a realizar de forma telemática cualquier trámite administrativo con la administración pública, sean ayuntamientos, diputaciones y los organismos estatales. Esta relación electrónica entre comunidades de propietarios y la administración pública afecta a la recepción de notificaciones, a la presentación de documentos y a las solicitudes a través de registro.Así y en el caso de que la comunidad no disponga de este certificado digital, la sanción partiría de 250 euros por comunidad por no contestar cualquier requerimiento. La nueva medida que se incluye en la Ley estatal de Procedimiento Administrativo, ley 39/2015, hará que para relacionarse con la administración pública sea necesario el certificado digital o la firma electrónica.El certificado digital es un medio de identificación electrónica que permite al emisor y al receptor del mensaje una identificación mutua sin alteraciones. Una de las cuestiones más preocupantes de esta nueva medida son los requerimientos y las notificaciones que Hacienda u otros organismos podrán hacer mediante el certificado digital. En total, en España existen más de 18.000 organismos susceptibles de enviar estas notificaciones. Pasados diez días, aunque no se haya accedido al contenido, se consideraran las comunidades como advertidas.En ORGAN ya estamos trabajando con este medio de identificación digital que se convierte en un servicio más que la comunidad ha de tener a su alcance. Consulta con nosotros para conocer como trabajamos y garantizamos la protección jurídica de nuestros clientes.